El coloradismo reafirma el poder centralizado en Paraguay
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Por Pablo Cristaldo
A casi tres años después de la victoria del coloradismo en 2023, el presidente Santiago Peña y su mentor Horacio Cartes han consolidado un modelo de gobierno en el que la oposición política aparece fragmentada y el poder decisional se concentra en un reducido círculo de actores estatales.
Tras la sólida victoria del Partido Colorado en 2023, el presidente Santiago Peña ha ejercido su mandato apoyándose en una coalición amplia y en una oposición relativamente débil, lo que ha permitido avanzar con una agenda legislativa alineada con el núcleo del oficialismo. Mientras el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aún no logra recomponer su liderazgo interno, se prolonga una situación de debilidad institucional de la oposición, que facilita la aprobación de decisiones sin contrapeso político significativo. Esto fortalece la sensación de que el espacio político en Paraguay no se organiza por la pluralidad de ideas, sino por la capacidad de un solo bloque para mantener la unidad interna.
En los últimos meses, el gobierno ha extendido el control sobre entidades sub‑nacionales, interviniendo municipios clave como Asunción y Ciudad del Este bajo la sospecha de corrupción en el manejo de presupuestos locales. En estos casos, los intendentes electos fueron sustituidos por interventores nombrados directamente por el Ejecutivo, abriendo la posibilidad de que la auditoría termine en la destitución formal y la convocatoria a nuevas elecciones. Este tipo de intervención se presenta como “correctiva”, pero en la práctica amplía el poder central sobre decisiones que deberían ser de carácter local, reduciendo la autonomía de los gobiernos municipales frente a la sede presidencial.
El contexto político también se caracteriza por la escasa capacidad de los movimientos opositores salvo uno, para articular una crítica estructural al poder estatal, relegándose a la alternancia dentro de un sistema que privilegia la lealtad de partido sobre la rendición de cuentas efectiva. Esta dinámica refuerza la idea de que el cambio en Paraguay se limita a la rotación de caras dentro de una misma lógica asistencialista y centralizada, sin que aparezca una propuesta clara de descentralización real. La libertad política, en esta configuración, se mide menos por la amplia gama de partidos que por la ausencia de verdaderos espacios de autonomía para regiones, municipios y comunidades.
El problema no es el color específico del partido en el poder, sino el hecho de que el poder decisional se concentre en el Estado central, con recursos, órganos y facultades que se expanden a medida que las instituciones locales se debilitan. En lugar de más intervenciones “contra la corrupción”, sería deseable que el debate político se oriente hacia la reducción de competencias estatales, la federalización de decisores y la apertura de espacios de autonomía para que las comunidades gestionen sus propios recursos sin tutela presidencial. Hasta que no se ponga en cuestión el monopolio político del Estado, Paraguay seguirá siendo un país de partidos con alta rotación, pero con estructuras de poder cada vez más rígidas y centralizadas.
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