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En 2025 y 2026 el Gobierno ha formalizado ajustes anuales al valor fiscal de los inmuebles, incrementándolo un 3,6 % para 2025 y un 4,1 % para 2026, lo que alimenta la base imponible del impuesto inmobiliario. Si bien se justifica como una simple actualización por inflación, este tipo de intervención estatal agudiza la distorsión del mercado, erosiona derechos de propiedad y penaliza la inversión privada. El Gobierno aprovecha el "boom inmobiliario" para asirse compulsivament

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