Impuesto inmobiliario: Aumento que golpea al bolsillo del paraguayo sin recibir nada a cambio
- Semanario Veritas
- 27 dic 2025
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En 2025 y 2026 el Gobierno ha formalizado ajustes anuales al valor fiscal de los inmuebles, incrementándolo un 3,6 % para 2025 y un 4,1 % para 2026, lo que alimenta la base imponible del impuesto inmobiliario. Si bien se justifica como una simple actualización por inflación, este tipo de intervención estatal agudiza la distorsión del mercado, erosiona derechos de propiedad y penaliza la inversión privada.
El ajuste del valor fiscal de los bienes inmuebles, decretado por el Poder Ejecutivo y calculado sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un mecanismo recurrente de política fiscal en Paraguay. Para 2025 se estableció un aumento de 3,6 % sobre los valores fiscales, y para 2026 el ajuste fue del 4,1 %. Ambos se aplican como base imponible del impuesto inmobiliario que pagan propietarios urbanos y rurales. Este tipo de incrementos —aunque moderados para evitar brechas inflacionarias— encierra varias críticas profundas:
1. Penaliza la propiedad en vez de protegerla. En Paraguay el impuesto inmobiliario se calcula sobre el valor fiscal del inmueble al que se le aplica una tasa del 1 %. Aunque esa tasa es baja comparada con otros países, el ajuste anual de la base no es un reflejo directo del valor real de mercado sino un instrumento administrativo que facilita al Estado incrementar recaudación simplemente porque la inflación sube. Esto erosiona el principio más básico de la propiedad: que lo que uno posee no debe ser objeto de tributos crecientes sin su consentimiento.
2. Distorsiona señales del mercado. El sistema fiscal paraguayo, a pesar de sus ventajas generales —como tasas bajas, ausencia de impuesto a la riqueza y un gravamen inmobiliario relativamente mínimo— ve su eficacia socavada cuando el Estado ajusta valores fiscales de manera automática, sin considerar condiciones reales de oferta y demanda. Esto distorsiona el cálculo de rentabilidad y hace menos predecible la inversión inmobiliaria, un área que en Paraguay todavía se valora como atractiva precisamente por sus bajos tributos.
3. El impuesto inmobiliario castiga la acumulación de propiedad. Un sistema fiscal que grava propiedad como las viviendas o terrenos puede convertirse con el tiempo en una barrera para la acumulación de capital y la movilidad residencial. Aunque las cifras anuales ajustadas parezcan modestas, el efecto acumulado año tras año representa una erosión del derecho de los individuos a disfrutar plenamente del fruto de su ahorro y su inversión, que es un derecho inalienable del individuo.
4. El crecimiento de la recaudación no justifica mayores impuestos. Gobiernos y economistas estatistas suelen argumentar que estos ajustes ayudan a sostener finanzas públicas estables o financiar servicios. Sin embargo, el crecimiento del Estado no debe exprimir más a los contribuyentes sino reducir la presión tributaria, simplificar los gravámenes y permitir que los ciudadanos decidan cómo utilizar mejor su propio dinero, fomentando el ahorro, la inversión y la generación de empleo.
5. Alternativas libres de presión tributaria. Medidas como la reducción gradual o eliminación de impuestos sobre la propiedad, junto con estado más limitado y descentralizado, permitirían una asignación de recursos más eficiente, mayor desarrollo urbano y rural, y un mercado inmobiliario más dinámico. Además, la transparencia en los valores fiscales y la reducción de arbitrariedades estatales fortalecerían aún más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Aunque la actualización de valores fiscales para 2025 y 2026 pueda parecer técnica o técnica-contable, su impacto real en la propiedad privada y en la libertad económica es significativo. Este tipo de ajustes no solo representan una simple revisión de bases imponibles, sino un recordatorio de cómo la expansión del Estado puede erosionar derechos individuales y distorsionar mercados de forma silenciosa, pero constante y dañina.
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