Cuando el Estado se remodela a sí mismo y olvida al ciudadano
- Lic. Andrea Calderini
- hace 41 minutos
- 2 Min. de lectura
El director José Federico Samudio defiende las obras de reacondicionamiento por G. 1.599 millones en la Biblioteca y Archivo del Congreso, enfocadas en mejorar servicios ciudadanos como la hemeroteca y el sector infantojuvenil, sin aumentar el plantel de 80 trabajadores.
La Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional están en proceso de ampliación con un presupuesto de G. 1.599.023.291, adjudicado mediante licitación pública en la web del Senado. El director José Federico Samudio aclaró que el objetivo principal es reordenar los espacios internos del edificio, no contratar más personal. Actualmente, operan con unos 80 trabajadores distribuidos en tres turnos, cumpliendo funciones específicas en seis tipos de archivos, una gran hemeroteca y un departamento de digitalización.
En la sede conviven cuatro áreas clave: la Biblioteca, el Archivo, la Academia Legislativa y el Observatorio Legislativo, que actúan como "instituciones inquilinas". El Observatorio, limitado por turnos escalonados debido a la falta de espacio, cederá la mayor parte de su área para reubicar la hemeroteca. Samudio enfatizó la necesidad de un entorno seco y sin humedad para preservar el material, incluyendo una donación reciente de 30.000 volúmenes de la Biblioteca de Luis Verón.
Otra clave de reubicación es la del Departamento Infantojuvenil, que atiende a niños, jóvenes y personas con discapacidad. Este sector se mudará lejos de la sala de lectura principal para minimizar ruidos y optimizar las condiciones tanto para usuarios infantiles como para investigadores. Samudio precisó que no se ganará más espacio, pero sí mayor funcionalidad.
Finalmente, el director reiteró que estas modificaciones edilicias buscan ampliar los servicios a la ciudadanía, manteniendo la misma cantidad de funcionarios. Las obras responden a necesidades operativas internas, priorizando la preservación de documentos y la accesibilidad para el público.
Opinión – Lic. Fátima Calderini
Este despilfarro de casi Gs. 1.600 millones ilustra una vez más como la clase política está desconectada de las verdaderas prioridades de los ciudadanos. En un contexto en el que los contribuyentes paraguayos enfrentan una inflación persistente, servicios de salud colapsados y deficiencias estructurales en entes públicos esenciales, resulta difícil justificar que el Congreso destine recursos de tal magnitud a remodelaciones internas innecesarias. Más allá de los argumentos técnicos, este tipo de decisiones refleja un modelo en el que el Estado prioriza su propio funcionamiento antes que aliviar la carga fiscal de la ciudadanía.
Fuentes de información: