La notable diferencia entre los requisitos de jubilación de los legisladores y los trabajadores comunes pone en duda la equidad y confiabilidad del sistema. Además, esto refleja una desconexión entre la clase política y la ciudadanía, que ve con descontento los privilegios brindados a los parlamentarios.
El sistema de jubilación para los parlamentarios del país representa un gasto significativo para el Estado, alcanzando un costo de 100 millones de USD cada 15 años. Esta situación es insostenible debido a que más de un centenar de legisladores se han beneficiado al jubilarse después de tan solo 5 años de aportes, recibiendo pagos por más de 20 años. Esta problemática ha generado controversia y críticas sobre el manejo de los fondos destinados a estas pensiones.
La senadora liberal Celeste Amarilla calificó la situación como inadmisible. Amarilla señaló que resulta injusto que los parlamentarios puedan jubilarse tras un único período de servicio, y continuar cobrando jubilaciones por décadas. Enfatizó que esto no solo ha desprestigiado a la clase política, sino que también ha causado un grave daño a la imagen del Parlamento, lo que hace difícil justificar tales privilegios ante la ciudadanía.
Amarilla propuso una reforma del sistema, sugiriendo que los parlamentarios deberían tener al menos 15 años de servicio y una edad mínima de 65 años para poder jubilarse. La senadora argumentó que el actual sistema de jubilación parlamentaria es un despilfarro de recursos públicos y que es necesario cambiarlo para evitar que los fondos se agoten rápidamente. Insistió en que la caja parlamentaria es insostenible con los actuales niveles de contribución y jubilación anticipada.
El Senado aprobó recientemente una reprogramación presupuestaria de 3.500 millones de guaraníes, de los cuales 2.500 millones se destinarán a la jubilación de los parlamentarios y 1.000 millones para el funcionamiento de las comisiones asesoras permanentes. Esta decisión ha generado polémica, con algunos legisladores argumentando que los ciudadanos deben pagar por los beneficios de sus representantes, tratándolos como "patrones" que deben cubrir estos gastos.
En contraste, los trabajadores comunes solo pueden jubilarse a los 60 años tras haber contribuido durante 25 años, lo que ha generado aún más indignación frente a los privilegios de los parlamentarios. El sistema actual permite que los legisladores se jubilen a los 55 años con solo 15 años de aportes, obteniendo el 80% de su salario promedio como jubilación, lo que plantea serias preguntas sobre la equidad y la sostenibilidad del sistema.
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