El Estado Avanza: Nuevo proyecto busca centralizar gestión de costaneras en el MOPC
- Semanario Veritas
- 28 sept
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El diputado José Rodríguez (ANR-Capital) presentó un proyecto de ley que incorpora las costaneras Norte, Central y Sur de Asunción a la red vial nacional. La iniciativa otorga al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el control total sobre su planificación y mantenimiento, desplazando la autonomía municipal y expandiendo la centralización estatal bajo el pretexto de “modernización” y “movilidad sostenible”.
En la Cámara de Diputados fue ingresado un nuevo proyecto de ley que pretende modificar la Ley N° 5552/2016 —norma que clasifica las rutas nacionales, departamentales y vecinales— para incluir a las costaneras de Asunción Norte, Central y Sur dentro de la red vial nacional. Con esta reforma, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pasaría a ser la autoridad encargada de su gestión integral.
La propuesta, presentada por el legislador José Rodríguez (ANR-Capital), argumenta que la ley vigente representó un “avance fundamental” en la organización vial del país, pero que las nuevas demandas de movilidad y planificación urbana exigen una actualización. El proyectista señala que la Costanera se consolidó como un eje vial estratégico que conecta arterias principales, mejora el tránsito y fomenta el desarrollo urbano, turístico y social.
Actualmente, estas vías están clasificadas como municipales. Sin embargo, el proyecto busca redefinirlas como “Rutas Nacionales Urbanas Estratégicas”, incorporándolas a la jurisdicción directa del MOPC. En la práctica, esto significa que, aun dentro del territorio municipal, las decisiones clave sobre planificación, construcción, modernización, mantenimiento y fiscalización pasarán a depender de la administración central.
La iniciativa declara expresamente que las tres costaneras de Asunción, “en toda su extensión actual y futura”, serán parte de la red vial nacional. Si bien menciona una coordinación con la Municipalidad para aspectos complementarios como tránsito urbano, espacios verdes y seguridad, la competencia principal quedará en manos del MOPC.
Este proyecto plantea varias preocupaciones. En primer lugar, representa un avance del Estado central sobre competencias municipales, reduciendo la autonomía local en favor de una burocracia nacional que históricamente ha demostrado ineficiencia y opacidad en la gestión de obras públicas. En segundo lugar, el MOPC se erige como planificador absoluto, lo que inevitablemente abre la puerta a más concentración de poder político, a mayores costos para los contribuyentes y a potenciales espacios de corrupción.
En lugar de abrir espacio a la iniciativa privada o a esquemas de gestión descentralizada que podrían garantizar transparencia y eficiencia, la propuesta insiste en fortalecer un modelo estatista, cargando al erario con nuevas responsabilidades. Bajo la retórica de la “movilidad sostenible” y la “integración urbana”, se corre el riesgo de reproducir el mismo problema que aqueja a tantas infraestructuras del país: promesas grandilocuentes sin resultados proporcionales.
Aunque el legislador Rodríguez lo presenta como “un paso decisivo hacia el desarrollo armónico de Asunción y del país”, el verdadero paso decisivo sería devolver el poder de decisión a los ciudadanos y comunidades locales, fomentando la competencia y la innovación privada, en lugar de ampliar el control de un Estado ya sobredimensionado.
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